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Informe Mitchell
6
de mayo del 2001
Introducción
El
17 de octubre del 2000, al finalizar la Cumbre de Paz de Oriente
Medio en Sharm el-Sheikh (Egipto), el presidente de los Estados
Unidos habló en nombre de los participantes (el gobierno de Israel,
la Autoridad Palestina, los gobiernos de Egipto, Jordania, EEUU,
Naciones Unidas (NNUU) y la Unión Europea). Entre otras cosas, el
presidente declaró que: "Estados Unidos creará con los israelíes y
palestinos, y en consulta con el Secretario General de NNUU, un
comité destinado a esclarecer los acontecimientos de las últimas
semanas y prevenir su repetición."
El 7
de noviembre del 2000, tras las consultas con los otros
participantes, el presidente nos invitó a participar en lo que ha
pasado a ser conocido como el Comité de Investigación de Sharm
el-Sheikh (...).
Después de nuestro primer encuentro, celebrado antes de que
visitásemos la región, instamos al fin de toda forma de violencia.
Nuestros encuentros y nuestras observaciones durante nuestras
posteriores visitas a la región han intensificado nuestra convicción
a este aspecto. (La violencia) únicamente empeoró (esta convicción).
La muerte y la destrucción no traerán la paz, sino que profundizarán
el odio y dificultarán la solución entre ambas partes. Hay un único
medio para alcanzar la paz, la justicia y la seguridad en Oriente
Medio: la negociación.
Pese
a su larga historia y su proximidad cercana, algunos israelíes y
palestinos no parecen entender sus mutuas preocupaciones. Algunos
israelíes parecen no comprender la humillación y la frustración que
los palestinos deben afrontar cada día al vivir bajo continuos
efectos de la ocupación, sostenida por la presencia de fuerzas
militares israelíes y asentamientos sobre su tierra, o la voluntad
de los palestinos de lograr la independencia y una verdadera
autodeterminación. Algunos palestinos parecen no comprender hasta
qué punto el terrorismo crea temor en el
pueblo israelí y socava su esperanza en la posibilidad de una
coexistencia, o la determinación del gobierno de Israel a hacer todo
lo necesario para proteger a su pueblo.
El
miedo, el odio, la ira y la frustración han aumentado en ambos
bandos. El mayor peligro es que la cultura de la paz, sembrada en la
pasada década, está haciéndose añicos. En su lugar hay un creciente
sentimiento de inutilidad y desesperación y un cada vez mayor
recurso a la violencia.
Dos
pueblos orgullosos comparten una tierra y un destino. Sus diferentes
reivindicaciones y sus diferencias religiosas han conducido a un
conflicto demoledor, desmoralizante y deshumanizado. Ellos pueden
continuar el conflicto o pueden negociar para encontrar un medio
para vivir juntos en paz.
Se
han conseguido muchas cosas. Se arriesgan otras muchas. En el caso
de que las partes tengan éxito y completen su camino hacia un
destino común, en el caso de que acepten que los compromisos deben
aplicarse, que la legislación internacional debe respetarse y que
los derechos humanos deben protegerse, entonces les animaremos a
retomar la negociación aunque ésta sea complicada. Este es el único
camino que conduce hacia la paz, la justicia y la seguridad.
Discusión
La
violencia no ha terminado (desde la Cumbre de Sharm el-Sheikh). Ha
empeorado. La preocupación dominante de aquellos con los que
hablamos en la región es poner término a la violencia y retornar al
proceso para alcanzar una paz que puede perdurar.
Esta
preocupación debe ser también la nuestra. Si nuestro informe ha de
tener efecto entonces debe abordar la situación que existe, que no
es la misma que la prevista por los participantes en la cumbre.
En
este informe intentaremos responder las preguntas que nos fueron
formuladas en la Cumbre de Sharm el-Sheikh: ¿qué ocurrió?, ¿por qué
ocurrió?
Ante
la actual situación debemos detenernos en la tercera parte de
nuestro mandato: ¿cómo puede evitarse la repetición de la violencia?
La relevancia y el impacto de nuestro trabajo, al final, será
valorada en función de las recomendaciones que haremos en relación a
lo siguiente:
•
Finalización de la violencia
•
Restablecimiento de la confianza
•
Reanudación de las negociaciones
¿Qué
ocurrió?
»
No
somos un tribunal. Cumplimos con la petición de que no
estableceremos el culpable o el inocente entre los individuos y las
partes (...).
A
finales de septiembre del 2000, oficiales israelíes y palestinos,
así como otros, recibieron informaciones de que el miembro de la
Knesset (Parlamento israelí) -ahora primer Ministro- Ariel Sharon
estaba planeando una visita al Haram al-Sherif/Templo del Monte en
Jerusalén.
Los
oficiales palestinos y norteamericanos exhortaron al primer ministro
Ehud Barak a prohibir la visita. El Sr. Barak nos afirmó que creía
que la visita era un acto político interno directamente dirigido
contra su persona'por un oponente político por lo que declinó
prohibirla.
El
Sr. Sharon hizo la visita el 28 de septiembre acompañado por más de
1000 policías. Pese a que israelíes insertaron la visita dentro del
contexto político interno, los palestinos la consideraron como una
provocación. Al día siguiente, en el mismo lugar, un gran número de
manifestantes palestinos desarmados y un gran contingente de policía
israelí se enfrentaron entre sí. De acuerdo con el Departamento de
Estado de EE.UU., "los palestinos convocaron multitudinarias
manifestaciones y arrojaron piedras a la policía cerca del muro
occidental.
La
policía utilizó balas de metal recubiertas de caucho y munición viva
para dispersar a los manifestantes, matando a cuatro personas e
hiriendo a cerca de 200". De acuerdo con el gobierno de Israel, 14
policías resultaron heridos.
Manifestaciones similares tuvieron lugar en las semanas siguientes
comenzando lo que ha sido conocido como la "Intifada del Aqsa" (al-Aqsa
es una mezquita del Haram al-Sherif/Templo del Monte).
El
gobierno de Israel afirma que el catalizador directo de la violencia
fue la interrupción de las negociaciones de Camp David el 25 de
julio del 2000 y "la extendida opinión entre la comunidad
internacional de la responsabilidad palestina en el impasse". Según
este planteamiento, la violencia palestina fue planificada por los
líderes de la AP y estaba destinada a "provocar víctimas palestinas
para recuperar la iniciativa diplomática".
La
OLP rechaza la suposición de que la Intifada fue planeada. Considera,
al contrario, que "Camp David no representó más que el intento por
parte de Israel de extender a las negociaciones la fuerza que ejerce
sobre el terreno".
Desde la perspectiva de la OLP, Israel respondió a los disturbios
con un ejemplo excesivo e ilegal de fuerza letal contra los
manifestantes; comportamiento que, según la OLP, refleja el
desprecio de Israel hacia las vidas y la seguridad de los palestinos.
Para los palestinos, las imágenes ampliamente difundidas de Muhammad
al-Durra en Gaza el 30 de septiembre, disparado mientras se
parapetaba detrás de su padre, refuerzan esta percepción.
Desde la perspectiva del gobierno de Israel, las manifestaciones
fueron organizadas y dirigidas por los líderes palestinos para
atraer la simpatía hacia su causa en el mundo al provocar a las
fuerzas de seguridad israelíes a disparar contra los manifestantes,
especialmente contra la gente joven. Para los israelíes, el
linchamiento de dos reservistas militares, el sargento primero Vadim
Novesche y el cabo primero Yosef Avrahani, en Ramallah el 12 de
octubre, reflejaba el profundamente asentado odio de los palestinos
hacia Israel y los judíos.
Lo
que comenzó como una serie de enfrentamientos entre los
manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes, que
llevaron al gobierno de Israel a decretar en un principio ciertas
restricciones al movimiento de las personas y los bienes en
Cisjordania y Gaza (cierres), se ha convertido ahora en una amplia
escalada de acciones violentas y respuestas.
En
sus presentaciones, las partes intercambiaron alegaciones sobre la
motivación y el grado de control ejercido por el otro. A pesar de
ello, no se nos ofreció ninguna evidencia convincente de que la
visita de Sharon fuese algo más que un acto político interno; ni
tampoco se nos ha presentado ninguna evidencia convincente de que la
AP planease el levantamiento.
Por
consiguiente, no tenemos ninguna base para concluir que hubiera un
plan deliberado por parte de la AP para iniciar la campaña de
violencia a la primera oportunidad; o para concluir que hubiera un
plan deliberado por parte del gobierno de Israel para responder con
fuerza letal.
No
obstante, tampoco hay ninguna evidencia para concluir que la AP
hiciese un esfuerzo consistente para contener las manifestaciones y
controlar la violencia una vez que ésta comenzó; o que el gobierno
de Israel hiciese un esfuerzo consistente para usar medios no
letales para controlar las manifestaciones de palestinos desarmados.
En medio de una creciente ira, temor y desconfianza, cada parte
asumió lo peor de la otra y actuó en consecuencia.
La
visita de Sharon no provocó la "Intifada del Aqsa", pero su mal
momento y su efecto provocador debería haber sido previsto; en
efecto, estos fueron previstos por aquellos que reclamaron que la
visita fuese prohibida. Más significativos fueron los
acontecimientos que tuvieron lugar a continuación: la decisión de la
policía israelí el 29 de septiembre de emplear medios letales contra
los manifestantes palestinos, y el consiguiente fracaso de cada
parte, como hemos señalado más arriba, de ejercer la contención.
¿Por
qué ocurrió?
Las
raíces de la actual violencia van mucho más allá que una cumbre
inconclusa. Ambas partes han dejado clara su profunda desilusión con
el comportamiento de la otra parte al no satisfacer las expectativas
depositadas en el proceso de paz.
Expectativas divergentes:
Estamos sorprendidos por las divergentes expectativas expresadas por
las partes en relación a la aplicación del proceso de Oslo. Los
resultados logrados por este proceso eran impensables hace menos de
diez años. Durante la última ronda de negociaciones,
las partes estuvieron más cerca que nunca de un acuerdo
definitivo.
Sin
embargo, tanto los palestinos como los israelíes nos dijeron que la
premisa sobre la que estaba basada el proceso de Oslo -es decir,
aplazar las cuestiones complejas del "estatuto definitivo" hasta el
final del proceso- se ha visto sometida a una intensa presión.
El
gobierno de Israel ha establecido como prioritario negociar un
acuerdo sobre el estatuto definitivo en una atmósfera no violenta,
de acuerdo con los compromisos contemplados en los acuerdos entre
las partes.
La
opinión de la OLP es que las demoras en el proceso han sido el
resultado de un intento israelí de prolongar y consolidar la
ocupación (...). En suma, las propuestas de Israel en Camp David
preveían la anexión israelí de los mejores territorios palestinos,
la perpetuación del control israelí de Jerusalén Este, una presencia
militar permanente en el territorio palestino, el control israelí de
los recursos naturales palestinos, el espacio aéreo y las fronteras,
y el retorno de menos de 1% de los refugiados a sus hogares.
Ambas partes ven el cumplimiento de los acuerdos alcanzados desde la
apertura del proceso de paz como evidencia de la ausencia de buena
fe. Esta conclusión conduce a una erosión de la confianza, incluso
antes del comienzo de las negociaciones sobre el estatuto definitivo.
Perspectivas divergentes:
Durante los últimos siete meses, estas opiniones han empeorado. Cada
parte contempla a la otra como si hubiese actuado de mala fe; como
si hubiese transformado el optimismo de Oslo en el sufrimiento y el
dolor de las víctimas y de sus personas queridas. En sus
declaraciones y acciones, las partes fueron incapaces de reconocer
la validez de la perspectiva de la otra parte.
La
perspectiva palestina:
desde la posición palestina, (la Conferencia de Paz de) Madrid (de
1991) y (los acuerdos de) Oslo (de 1993) anunciaron la posibilidad
de un Estado, garantizaron un fin de la ocupación y una resolución
de los asuntos pendientes dentro de un plazo de tiempo limitado. Los
palestinos están verdaderamente enojados por la continua ampliación
de los asentamientos y por sus experiencias diarias de humillación y
de trastornos resultado de la presencia israelí en los territorios
palestinos. Los palestinos consideran a los colonos y a los
asentamientos levantados sobre su terreno no sólo como una violación
del espíritu del proceso de Oslo, sino también como la aplicación de
la aplastante superioridad militar israelí.
La
OLP también reclama que el gobierno de Israel ha incumplido todos
sus compromisos, como el de una nueva retirada de Cisjordania y la
liberación de los prisioneros palestinos. Además, los palestinos
expresaron su frustración ante la ausencia de avances en torno a los
refugiados y el deterioro de las circunstancias económicas en
Cisjordania y Gaza.
La
perspectiva israelí: desde la perspectiva del gobierno de Israel, la
expansión de la actividad de los asentamientos y la adopción de
medidas para facilitar la comodidad y la seguridad de los colonos no
perjudicaban el resultado de las negociaciones sobre el estatuto
definitivo (...).
De
hecho, los israelíes señalan que en la Cumbre de Camp David y en las
siguientes conversaciones, el gobierno de Israel ofreció concesiones
significativas en torno a los asentamientos en el contexto de un
acuerdo global.
La
seguridad, sin embargo, es la mayor preocupación del gobierno de
Israel. El gobierno de Israel mantiene que la OLP ha violado sus
solemnes compromisos al continuar usando la violencia con fines
políticos.
De
acuerdo con el gobierno de Israel, el fracaso palestino toma
diferentes formas: incitación anti-israelí y anti-judía
institucionalizada, liberación de los terroristas detenidos, fracaso
en el control de armas ilegales, y dirección de operaciones
violentas (...). El gobierno de Israel mantiene que la OLP ha
infringido de manera significativa su compromiso de renunciar al
empleo del terrorismo y a otros actos de violencia, por lo tanto ha
erosionado la confianza entre las partes.
Fin
de la violencia:
Tanto para los israelíes como para los palestinos la existencia de
los pasados siete meses ha sido muy intensa. Estamos impactados por
sus relatos. Las familias israelíes y palestinas emplean
prácticamente las mismas palabras para describir su dolor.
Con
la extensión de la violencia, ambas partes han tendido a retratar al
otro con estereotipos hostiles. Este ciclo no puede romperse con
facilidad. Sin una determinación considerable y un compromiso de
buena voluntad, el restablecimiento de la confianza será imposible.
Cese
de la violencia:
desde 1991, las partes se han comprometido de manera consistente, en
todos sus acuerdos, en el camino de la no violencia. Para detener la
violencia ahora la AP y el gobierno de Israel no necesitan "reinventar
la rueda". Bastaría con que adoptaran medidas inmediatas para poner
fin a la violencia, reafirmar sus acuerdos mutuos y retornar las
negociaciones.
Reanudación de la cooperación securitaria:
los
oficiales de seguridad palestinos dijeron que a la AP le llevaría
tiempo retomar el pleno control sobre los elementos armados bajo su
mando nominal y ejercer una influencia decisiva sobre otros
elementos armados operando en el área palestina. Los oficiales de
seguridad israelíes no han rebatido estas afirmaciones. Lo que es
importante es que la AP haga todos los esfuerzos para hacer cumplir
un completo cese de la violencia y que esto sea percibido con
claridad por el gobierno de Israel. El gobierno de Israel debe a su
vez hacer un 100% de esfuerzo para asegurar que los puntos de
fricción potencial, donde los palestinos están en contacto con los
israelíes armados, no se conviertan en escenarios para la
reanudación de las hostilidades.
El
colapso de la cooperación de seguridad a principios de octubre
refleja la creencia de cada parte en que la otra está inmersa en un
curso violento de acción. Si las partes desean realizar un 100% de
esfuerzo para prevenir la violencia, es obligatoria la inmediata
reanudación de la cooperación en materia de seguridad.
Restablecimiento de la confianza
El
histórico choque de manos entre el presidente Arafat y el ex primer
Ministro Rabin en la Casa Blanca en septiembre de 1993 simbolizó la
esperanza de las partes en que se había abierto la puerta de la
solución pacífica de sus controversias. A pesar de la violencia
actual y de la mutua pérdida de la confianza, ambas comunidades han
expresado repetidamente su deseo de paz. La canalización de este
deseo en un progreso efectivo parece complicada. La restauración de
la confianza es esencial y las partes deberían adoptar pasos
positivos con este propósito. Dado el elevado nivel de hostilidad y
desconfianza, la planificación y secuenciación de estos pasos son
cruciales. Esto puede ser únicamente decidido por las partes.
Instamos a las partes a iniciar el proceso de toma de decisiones de
manera inmediata.
Terrorismo:
en
el Memorándum de Sharm el-Sheikh de septiembre de 1999, las partes
prometieron reaccionar contra "cualquier amenaza o acto de
terrorismo, violencia o incitación".
El
terrorismo engloba los asesinatos deliberados y las heridas de no
combatientes seleccionados al azar con fines políticos y pretende
lograr resultados políticos por medio de la extensión del terror y
la desmoralización entre la población.
En
sus declaraciones y comunicados oficiales, el gobierno de Israel ha
acusado a la AP de respaldar el terrorismo al liberar a los
terroristas encarcelados, permitir al personal de seguridad de la AP
incitarlos y, en algunos casos, conducir operaciones terroristas, e
interrumpir la cooperación de seguridad con el gobierno de Israel.
La
AP niega con vehemencia estas acusaciones. Pero los israelíes
mantienen que los líderes de la AP no han hecho un verdadero
esfuerzo para prevenir el terrorismo anti-israelí. Se cree que esto,
en sí mismo, es el mayo obstáculo para restablecer la confianza.
Creemos que la AP tiene una responsabilidad en el restablecimiento
de la confianza dejando clara a ambas comunidades que el terrorismo
res censurable e inaceptable y adoptando todas las medidas
necesarias para prevenir operaciones terroristas y para castigar a
sus autores.
Este
esfuerzo debería incluir medidas inmediatas para capturar y
encarcelar los terroristas que operan dentro de la jurisdicción de
la AP.
Asentamientos:
el
gobierno de Israel también tiene una responsabilidad en ayudar a
restablecer la confianza. Un cese de la violencia palestino-israelí
será especialmente complicado de mantener a menos que el gobierno de
Israel congele toda actividad de construcción de asentamientos. No
debe permitirse que las actividades de los asentamientos socaven la
restauración de la calma y la reanudación de las negociaciones.
En
nuestras dos visitas a la región hubo anuncios israelíes sobre la
expansión de los asentamientos, y éste fue uno de los primeros
asuntos planteados por los palestinos con los que nos reunimos. El
gobierno de Israel describe su política como destinada a prohibir
nuevos asentamientos, pero a permitir la expansión de los ya
existentes para acomodar "el crecimiento natural". Los palestinos
consideran que no hay distinción entre los asentamientos nuevos y
los ampliados; y que, excepto por un breve período de tiempo durante
el mandato del primer ministro Yitzahak Rabin, se ha realizado un
esfuerzo permanente y agresivo por parte de Israel para incrementar
el número y el tamaño de los asentamientos.
Reducir la tensión:
tanto los palestinos como los israelíes nos han dicho que las
emociones generadas por algunas muertes recientes y por los
funerales han alimentado confrontaciones adicionales y, en efecto,
han mantenido el ciclo de violencia. Ambas partes deben dejar claro
que las demostraciones de violencia no serán toleradas. Urgimos a
ambas partes a mostrar un mayor respeto por la vida humana cuando
los manifestantes se enfrenten al personal de seguridad.
Acciones y respuestas:
en
los primeros tres meses del actual alzamiento, la mayoría de
incidentes no implicó el empleo de armas de fuego y explosivos
palestinos (...). En total, cerca de 500 personas murieron y más de
10.000 resultaron heridas en los pasados siete meses; la aplastante
mayoría eran palestinos.
La
caracterización israelí del conflicto como un "conflicto armado
similar a una guerra" no describe adecuadamente la variedad de
incidentes denunciados desde septiembre del 2000. Es más, al definir
así el conflicto, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) han
suspendido las investigaciones del Departamento de Policía militar
siempre que un palestino no muera a manos de un soldado de las FDI
en un incidente ajeno al terrorismo en los territorios.
Existe una controversia entre las partes sobre aquello que Israel
denomina "apuntar a combatientes individuales del enemigo". La OLP
describe a éstas como acciones extrajudiciales que suponen "una
clara violación del artículo 32 de la Cuarta Convención de
Ginebra (...)". El gobierno de Israel declara que, "cualquier acción
adoptada por Israel se encuadra plenamente dentro de los límites de
los pertinentes aceptados principios relativos a la conducta en
período de hostilidades".
Estamos profundamente preocupados por las implicaciones que sobre la
seguridad pública tienen los intercambios de fuego entre las áreas
pobladas. Pistoleros palestinos han disparado contra los
asentamientos israelíes y las posiciones cercanas de las FDI desde
dentro de zonas civiles palestinas o áreas adyacentes poniendo en
peligro la vida de civiles inocentes tanto israelíes como palestinos.
Condenamos las acciones de pistoleros dentro o cerca de zonas
civiles (...) Urgimos al cese de estas
provocaciones y a que las FDI ejerzan la contención máxima en sus
respuestas si eso ocurriese. El uso inapropiado y excesivo de la
fuerza conduce con frecuencia a una escalada (de violencia).
En
el lado palestino existen inquietantes ambigüedades en las áreas
básicas de responsabilidad. Urgimos a la AP a que adopte las medidas
necesarias para que establezca una cadena de mando clara e
incuestionable para el personal armado que opera bajo su autoridad.
Incitación:
en
sus declaraciones y escritos al Comité (Mitchell) ambas partes
expresaron su preocupación sobre el lenguaje cargado de odio y las
imágenes emitidas por el otro (...). Llamamos a las partes para que
renueven sus compromisos formales para fomentar una mutua
comprensión y tolerancia y abstenerse de la incitación y de la
propaganda hostil.
Impacto económico y social de la violencia: se han impuesto nuevas
restricciones al movimiento de las personas y de bienes en
Cisjordania y Gaza por parte de Israel. Estos cierres adoptan tres
formas: aquellos que restringen el movimiento entre las áreas
palestinas e Israel, aquellos que restringen el movimiento entre las
áreas palestinas, y aquellos que restringen el movimiento desde las
áreas palestinas a países extranjeros. Estas medidas han trastornado
las vidas de cientos de miles de personas.
Es
de particular preocupación para la AP que se hayan destruido decenas
de miles de árboles frutales y de olivos, así como otras propiedades
agrícolas, por las fuerzas de seguridad israelíes. Los cierres han
tenido también otros efectos adversos.
Conocemos las preocupaciones securitarias israelíes. Creemos, sin
embargo, que el gobierno de Israel debería levantar los cierres,
debería transferir a la AP todos los ingresos que debe, y debería
permitir que los palestinos empleados en Israel retornen a sus
puestos de trabajo. Los cierres policiales juegan a favor de los
extremistas que buscan extender sus apoyos y así fomentar una
escalada (de violencia). La AP debería reanudar la cooperación con
las agencias de seguridad israelíes para asegurar que los
trabajadores palestinos empleados en Israel sean plenamente
investigados y estén libres de cualquier conexión con las
organizaciones terroristas.
Lugares sagrados:
es
especialmente lamentable que lugares como el Monte del Templo/Haram
Al Sharif en Jerusalén, la tumba de José en Nablus, y la Tumba de
Raquel en Belén hayan sido escenarios de violencia, muerte y daños.
Estos son lugares de paz, oración y reflexión que deben ser
accesibles a todos los creyentes. Los lugares considerados santos
por musulmanes, judíos y cristianos merecen el respeto, la
protección y la conservación.
Fuerza internacional: uno de los aspectos más controvertidos
surgidos durante nuestra investigación es la cuestión del despliegue
de nuestra fuerza internacional en las áreas palestinas. La AP está
totalmente a favor de una fuerza que proteja a los civiles
palestinos y sus propiedades (...) El
gobierno de Israel se opone a la fuerza de protección internacional
al considerar que no responderá a las preocupaciones securitarias
israelíes e interferirá en las negociaciones bilaterales para la
solución del conflicto. Creemos que para que una fuerza tal sea
efectiva requiere el apoyo de ambas partes.
Reanudación de las negociaciones
Los
líderes israelíes no desean ser percibidos como "los que sacan
partido de la violencia". Los líderes palestinos no desean ser
percibidos como "los que sacan partido de la ocupación". Somos
conscientes de las limitaciones políticas de los líderes de ambas
partes. Sin embargo, si el ciclo de violencia debe romperse y
reanudarse la búsqueda de la paz, se necesita una nueva relación
bilateral que incorpore tanto la cooperación en materia de seguridad
como las negociaciones
No
podemos recomendar a las partes cuál es la mejor manera de alcanzar
sus objetivos políticos. Sin embargo, la construcción de una nueva
relación bilateral que solidifique y trascienda un acuerdo para el
cese de la violencia exige que se asuman riesgos de forma
inteligente. Se requiere, en primera instancia, que cada parte mire
a la otra de nuevo como su socio.
Definir un punto de arranque es decisión de las parte. Ambas partes
ha declarado que siguen comprometidas con sus acuerdos mutuos y sus
promesas. Es el momento de explorar una mayor implementación. Las
partes deberían declarar su intención de encontrarse según estas
bases, con el propósito de reanudar unas negociaciones plenas y
significativas, dentro del espíritu de sus promesas en Sharm
el-Sheikh en 1999 y 2000.
Recomendaciones
El
gobierno de Israel y la AP deben actuar rápidamente y con decisión
para detener la violencia. Sus objetivos inmediatos deberían ser
restablecer la confianza y reanudar las negociaciones.
Fin
de la violencia
El
gobierno de Israel y la AP deberían reafirmar su compromiso con los
acuerdos existentes y sus promesas, y deberían aplicar un cese
incondicional de la violencia.
El
gobierno de Israel y la AP deberían reanudar de manera inmediata la
cooperación securitaria.
Una
cooperación bilateral efectiva destinada a prevenir la violencia
facilitará la reanudación de las negociaciones (...) Creemos que la
cooperación securitaria no pude sostenerse durante mucho tiempo si
las negociaciones son demoradas irrazonablemente, si las medidas
securitarias "sobre el terreno" son consideradas como hostiles, o si
los pasos que son adoptados son percibidos como provocaciones que
perjudican el resultado de las negociaciones.
Restablecimiento de la confianza
La
AP y el gobierno de Israel deberían trabajar de manera conjunta para
restablecer un "período de enfriamiento" y aplicar otras medidas
para restablecer la confianza.
La
AP y el gobierno de Israel deberían reanudar sus esfuerzos para
identificar, condenar y disuadir todas las formas de incitación.
La
AP debería dejar claro por medio de acciones concretas tanto a los
palestinos como a los israelíes que el terrorismo es censurable e
inaceptable, y que la AP hará un 100% de esfuerzo para prevenir
operaciones terroristas y para castigar a sus autores. Este esfuerzo
debería incluir medidas inmediatas para capturar y encarcelar a los
terroristas que operen dentro de la jurisdicción de la AP.
El
gobierno de Israel debería congelar toda actividad colonizadora,
incluido el "crecimiento natural" de los asentamientos existentes.
El tipo de cooperación de seguridad deseada por el gobierno de
Israel no puede coexistir con la actividad colonizadora.
El
gobierno de Israel debería tener en consideración si los
asentamientos que son puntos focales de fricción, son fichas,
valiosas en unas negociaciones futuras o son provocaciones
destinadas a evitar el comienzo de unas conversaciones productivas.
El
gobierno de Israel puede dejar claro a la AP que una futura fuerza
de paz no debería presentar una amenaza a la continuidad territorial
del Estado Palestino a establecerse en Cisjordania y Gaza.
Las
FDI deberían considerar retirarse a las posiciones vigentes antes
del 28 de septiembre del 2000 lo que reducirá el número de puntos de
fricción y las potenciales confrontaciones violentas.
El
gobierno de Israel debería asegurar que las FDI adoptan y hacen
cumplir políticas y procedimientos que alientes respuestas no
letales a manifestaciones desarmadas, con vistas a minimizar las
bajas y fricción entre las dos comunidades.
El
gobierno de Israel debería levantar los cierres, transferir a la AP
todos los ingresos de tasas que debe, permitir a los palestinos que
han sido empleados en Israel retornar a sus puestos de trabajo; y
asegurar que las fuerzas de seguridad y los colonos se abstienen de
destruir hogares y carreteras, así como árboles y otras propiedades
agrícolas en las áreas palestinas.
La
AP debería reanudar la cooperación con las agencias de seguridad
israelíes para asegurar al máximo posible que los trabajadores
palestinos empleados en Israel sean investigados completamente y
estén libres de conexiones con organizaciones e individuos
implicados en el terrorismo.
La
AP debería evitar que los pistoleros empleasen las zonas pobladas
palestinas para disparar sobre áreas pobladas israelíes y posiciones
de las FDI. Estas tácticas exponen a los civiles de ambos bandos
ante un riesgo innecesario.
El
gobierno de Israel y las FDI deberían adoptar y aplicar políticas y
procedimientos encaminados a asegurar que la respuesta a cualquier
tiroteo proveniente de civiles palestinos tenga en cuenta que
precisamente el objetivo de los pistoleros sea provocar una
respuesta excesiva de las FDI.
Reanudación de las negociaciones
Reiteramos nuestra creencia en que un esfuerzo de un 100% para
detener la violencia, una inmediata reanudación de la cooperación
securitaria y un intercambio de medidas destinadas a restablecer la
confianza son importantes para la reanudación de las negociaciones.
Pero ninguno de estos pasos se mantendrá durante mucho tiempo sin un
retorno a unas negociaciones serias.
No
está dentro de nuestro mandato determinar el lugar, las bases o la
agenda de las negociaciones. Sin embargo, con el propósito de
proporcionar un contexto político efectivo para la cooperación
práctica entre las partes, las negociaciones no deben retrasarse de
manera irrazonable y deben, desde nuestro punto de vista, manifestar
un espíritu de compromiso, reconciliación y asociación, a pesar de
los eventos de los últimos siete meses.
Firmado por:
George J. Mitchell,
Presidente, y ex miembro del Senado de EEUU;
Suleyman Demirel,
9no
presidente de la República de Turquía;
Thoirbjoern Jagland,
Ministro de Asuntos Exteriores de Noruega;
Warren B. Rudman,
Ex
miembro del Senado de EEUU;
y
Javier Solana,
Alto
Representante Europeo de Política Exterior
y
Seguridad Común, Unión Europea.
[Título]
[El Autor]
[Presentación]
[Indice]
[Introducción]
[Prologo]
[Capítulo I]
[Capítulo II]
[Capítulo III] [Capítulo IV]
[Epílogo]
[Notas]
[Post Scriptum]
[Documentos]
[Cronología]
[Glosario]
[Bibliografía]
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