Energía
20. Subrayar que América Latina y el Caribe enfrentan serios desafíos
en materia energética vinculados al aumento de la demanda y a la
fluctuación en los precios y la oferta de energía y reconocemos la
imperiosa necesidad de reducir la vulnerabilidad de la región en ese
sentido.
21. Reconocer la necesidad de ampliar y emprender acciones específicas
que permitan a las economías más pequeñas y los países menos desarrollados
alcanzar un acceso justo, equilibrado y constante a las diversas formas de
energía, a la vez que propicien el desarrollo sustentable económico y
social de nuestros pueblos. Destacamos, de igual manera, la importancia de
la cooperación y la integración como medios para estimular la eficiencia y
el ahorro energético, así como el uso racional y eficiente de los recursos
energéticos tanto fósiles como renovables.
22. Aprovechar las posibilidades de complementariedad energética
regional y subregional y, con dicho propósito, fortaleceremos esfuerzos
concertados para utilizar eficientemente las fuentes tradicionales de
energía, y estableceremos medidas que promuevan el uso y expansión de
fuentes de energía renovables, promoviendo el intercambio de experiencias
y la transferencia de tecnología sobre programas nacionales de
biocombustibles, turbinas eólicas, energía geotérmica, energía solar,
hidrogeneración de electricidad y otras nuevas tecnologías de energía.
Afirmamos, por ello, que es necesario que en nuestros países se realicen
inversiones que permitan desarrollar a largo plazo nuestras
potencialidades en materia de energías renovables y no renovables, así
como la transferencia de tecnologías y el adiestramiento y capacitación
técnica necesarios para alcanzar soluciones eficientes y sostenibles tanto
en la producción como en el consumo de energía.
23. Reafirmar la trascendencia e importancia de la energía como recurso
fundamental en el desarrollo sustentable, así como el derecho soberano de
cada país de establecer las condiciones de explotación de sus recursos
energéticos, y por ello renovamos nuestro compromiso de avanzar en los
procesos de cooperación e integración de nuestros países con base en la
solidaridad y en la complementariedad, como un esfuerzo continuo para
lograr el crecimiento económico sustentable y equitativo de sus pueblos.
Reconocemos, en tal sentido, las valiosas iniciativas de cooperación e
integración energética que se están implementando en la región.
Integración física en Infraestructura
24. Expresar nuestro compromiso con la efectiva integración geográfica
de América Latina y el Caribe, a través de la creación de la
infraestructura física necesaria y la convergencia entre los diversos
procesos de integración subregionales por lo que emprenderemos la
elaboración y puesta en marcha de una la estrategia de integración física
de la región
25. Intensificar, para ello, esfuerzos en el campo de la
infraestructura para: promover y ejecutar políticas de ampliación de la
conectividad y proyectos para ampliar los servicios de transporte aéreo,
marítimo, fluvial y terrestre, así como el transporte multimodal; diseñar
y ejecutar políticas públicas que atiendan, los requerimientos de la
integración fronteriza a fin de agilizar su concreción aprovechando los
marcos e iniciativas vigentes; e identificar y superar dificultades
normativas y regulatorias.
26. Ampliar el intercambio entre el Proyecto Mesoamérica y los
mecanismos de integración en el ámbito de la UNASUR, a través del Consejo
de Infraestructura y Planeamiento (CIP), que incorporará a la IIRSA.
Promoveremos la incorporación a ese diálogo tanto de las instancias
caribeñas equivalentes, como de las establecidas en ALBA-TCP y
Petrocaribe, para la realización de reuniones similares entre mecanismos
subregionales vinculados con la integración de la infraestructura física
en América Latina y el Caribe.
Ciencia y tecnología
27. Promover el tratamiento del tema “Tecnología y Desarrollo
Productivo” en los diálogos de América Latina y el Caribe con otros
actores internacionales.
28. Reconocer el potencial que las tecnologías de la información y las
comunicaciones tienen para el desarrollo de la democracia, la economía y
el progreso social. Destacamos, por ello, la conveniencia de compartir el
conocimiento, la tecnología y la información, aprovechando la
infraestructura de conectividad y promoviendo en nuestras poblaciones el
acceso universal a la misma.
29. Fortalecer nuestro empeño para que el importante desarrollo
científico logrado en la región en el último decenio se pueda convertir en
servicios, productos y procesos accesibles a las economías y a las
sociedades de los países latinoamericanos y caribeños, por medio de
políticas inclusivas de innovación.
Desarrollo Social
Programas sociales y erradicación del hambre y la pobreza
30. Reiterar que el hambre y la pobreza representan una de las peores
formas de violación de los Derechos Humanos. Por ello, la lucha para
erradicarlas es un desafío ético, político y económico para todos. En este
empeño, es necesario explorar e implementar nuevas formas de cooperación y
solidaridad internacionales en apoyo a los esfuerzos nacionales así como
garantizar el acceso a alimentos de calidad, ricos en nutrientes, para
avanzar hacia sociedades mejor integradas en un mundo globalizado, más
participativas, con rostro humano e inclusión social.
31. Concentrar los esfuerzos de política social en la población en
situación de mayor vulnerabilidad para responder al desafío de la pobreza,
la desigualdad y el hambre, y alcanzar el mayor desarrollo económico y
social de los pueblos latinoamericanos y caribeños sobre la base de la
integralidad, la no discriminación y el reconocimiento de la persona como
sujeto de derecho. Continuaremos impulsando, por lo tanto, políticas de
desarrollo social para asegurar dentro de los ámbitos nacionales un
enfoque que priorice los programas dirigidos a la reducción de la pobreza,
la desigualdad y el hambre.
32. En relación con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y considerando que en septiembre de 2010 se
realizará la Sesión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre este tema, expresamos nuestra preocupación por el lento
avance en su consecución, razón por la cual enfatizamos la necesidad de
impulsar los mayores esfuerzos para alcanzar su cumplimiento.
33. Garantizar que los acuerdos de comercio regionales e
internacionales en que participen los países de la región respondan a las
necesidades relacionadas con el desarrollo social con equidad, el acceso a
alimentos nutritivos y acordes a las costumbres locales y la
implementación sostenible de las Metas del Milenio y otros metas de
desarrollo internacionalmente acordadas.
34. Promover la elaboración de un plan de acción integral de política
pública en materia social para concretar la cooperación y hacer más
efectiva la ayuda para los países de renta media y baja, según lo acordado
en las conferencias internacionales de alto nivel en la materia.
35. Reconocer que la erradicación de la pobreza, el pleno empleo
productivo para todos y la integración social son interdependientes y se
refuerzan mutuamente, y que por lo tanto, debe crearse un entorno propicio
para que todos estos objetivos puedan alcanzarse simultáneamente.
Seguridad alimentaria y nutricional
36. Promover la coordinación regional de iniciativas así como el
intercambio de tecnologías y recuperación de tecnologías tradicionales
entre otras acciones para garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional, por medio de políticas públicas que impulsen el desarrollo
rural, la producción sustentable de alimentos, su inocuidad, su
almacenaje, su distribución y comercialización, así como crédito y seguro
agrícolas.
37. Incorporar la perspectiva de derechos humanos y de género en la
elaboración y revisión de las estrategias nacionales orientadas a
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, con amplia
participación social, particularmente de los sectores más vulnerables y no
permitiremos el abuso monopólico en el sector de alimentos.
38. Impulsar el desarrollo productivo, tecnológico y de inversiones así
como la introducción de tecnologías social y ambientalmente sanas de
producción agrícola, el aumento de la productividad y competitividad de
los pequeños y medianos productores, incluyendo los campesinos, y su
acceso a los recursos productivos.
39. Fortalecer los procesos de integración en el ámbito alimentario y
conjugaremos esfuerzos en apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe
Sin Hambre 2025.
Educación, salud y servicios públicos
40. Ampliar la cooperación regional para promover el acceso universal,
equitativo y de calidad a la educación primaria y a los servicios de
salud, saneamiento y suministro de agua potable, en especial para las
personas en condición de pobreza extrema. Buscaremos atender las
necesidades específicas de salud de la juventud, asegurar la reducción de
la desnutrición y la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y
combatir las epidemias de mayor impacto, prestando especial atención a las
zonas rurales.
41. Buscar garantizar que las políticas y programas nacionales de
desarrollo de la juventud atiendan sus necesidades particulares e
involucren a los jóvenes y a las organizaciones dirigidas por ellos en el
desarrollo de políticas nacionales que les atañen.
42. Adoptar programas integrales y flexibles, adaptados a las
realidades socioeconómicas y culturales de cada país, región y grupo
poblacional, que permitan erradicar el analfabetismo en todos los países
de América Latina y el Caribe antes del año 2015.
43. Ampliar también la cooperación regional así como una respuesta
coordinada e integral para garantizar, entre otras cuestiones, la
reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna,
especialmente en las zonas rurales, y la lucha contra las epidemias de
alto impacto como el VIH/SIDA y el virus H1N1. Trabajaremos del mismo modo
a nivel nacional, regional e internacional para reducir y controlar la
diseminación de enfermedades no transmisibles que representan una seria
amenaza al desarrollo y celebramos la iniciativa de los países miembros de
la CARICOM a convocar en la Sede de las Naciones Unidas una Reunión de
Alto Nivel sobre enfermedades crónicas no transmisibles en 2011.
Cultura
44. Reafirmar que todas las culturas tienen derecho a existir y
preservar sus prácticas tradicionales y milenarias inherentes a su
identidad. En ese sentido, promoveremos la historia, las tradiciones, los
valores, la diversidad cultural y el entendimiento mutuo entre los pueblos
de América Latina y el Caribe, conscientes de la contribución positiva que
tendrá en la profundización de la integración regional. De igual modo,
incentivaremos la cooperación, la integración cultural y el desarrollo de
industrias creativas.
45. Reconocer, en consonancia con el respeto
a los derechos humanos y el bienestar de nuestros pueblos, el derecho de
nuestros Estados para establecer, de conformidad con el Derecho
Internacional, las acciones normativas y otras medidas que juzguen
convenientes para preservar y defender las manifestaciones ancestrales de
sus pueblos, las cuales deben ser respetadas por la comunidad
internacional.
46. Estimular la diversidad cultural como un componente indispensable
de las políticas públicas para reducir la pobreza, promover la equidad y
alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio.
Migración
47. Promover el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes
y sus familias, en los países de origen, tránsito y destino, independiente
de su condición migratoria, y trabajaremos para que la migración ocurra de
manera informada, segura y conforme a las disposiciones relacionadas con
la atención consular. Reafirmamos nuestro decidido compromiso de combatir
el racismo y la xenofobia a que puedan ser sometidos los migrantes,
promoviendo la reivindicación de sus capacidades como actores políticos,
económicos, culturales y científicos, fundamentales para impulsar procesos
de desarrollo e integración, en las sociedades de origen y de destino.
48. Continuar intensificando las acciones orientadas a prevenir y
combatir la trata de personas y el tráfico ilícito y explotación de
migrantes en todas sus modalidades y garantizar la plena protección y
atención a las víctimas de estos delitos, en especial de mujeres, niños y
adolescentes. Asimismo, crear instancias de coordinación entre países de
origen, tránsito y destino para combatir estos delitos.
49. Facilitar la integración de los migrantes a las sociedades de
acogida, promover facilidades para la residencia, el trabajo y la
regularización, en consonancia con las legislaciones nacionales.
50. Promover la cooperación y el intercambio de experiencias y buenas
prácticas a nivel nacional, regional y subregional en el combate al crimen
organizado, al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas, en
especial cuando se trata de proteger a los grupos de personas migrantes
más vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos originarios
y afrodescendientes.
Género
51. Estamos convencidos que el desarrollo económico y social en
nuestros países y el logro de una democracia plena sólo son posibles a
partir de una efectiva equidad entre hombres y mujeres por lo que
impulsamos la inclusión de la perspectiva de género en el diseño,
implementación y evaluación de toda política pública.
52. Nos comprometemos, en ocasión de la Declaración de la OEA del año
2010 como año interamericano de la mujer, a continuar trabajando por la
plena implementación de la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do
Pará) y de los objetivos contenidos en la Declaración de Beijing y su
plataforma de acción, de cuya adopción se cumplen quince años.
53. Considerar prioritarias la erradicación del hambre y la pobreza y
las acciones tendientes a garantizar que todos los hombres y mujeres de
nuestra región cuenten con alimentación y vivienda adecuadas, acceso a la
salud -incluyendo su dimensión sexual y reproductiva-, a la educación y al
trabajo decente, de manera de poder alcanzar niveles dignos de vida.
Desarrollo Sostenible
54. Actuar solidariamente en la construcción de una estrategia de
cooperación internacional que fortalezca la relación entre el medio
ambiente y el desarrollo, apoyando los esfuerzos de los países en
desarrollo sin litoral marítimo, pequeños Estados insulares y costeros en
desarrollo, y estimulando acciones que protejan y valoricen el patrimonio
natural de la región.
55. Estimular la identificación, fortalecimiento e intercambio de
buenas prácticas de desarrollo sostenible en la región, en temas como la
incorporación del componente ambiental en las acciones gubernamentales, la
participación social en políticas públicas y el manejo sustentable de los
recursos naturales. Impulsaremos iniciativas con el objeto de convertir a
los países de América Latina y el Caribe en exportadores de servicios
ambientales.
56. Fortalecer la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el
Desarrollo Sostenible (ILAC).
57. Promover la cooperación en materia de manejo sustentable del
patrimonio natural, la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y
el agua.
58. Reconocer y saludar la decisión del Ecuador de promover la
iniciativa Yasuní ITT, por constituir una efectiva medida voluntaria para
enfrentar el problema del cambio climático, garantizar la sobrevivencia de
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y garantizar la
conservación de uno de los lugares más biodiversos del mundo.
59. Estimar que las acciones verdaderas para enfrentar los problemas
derivados de los cambios climáticos, como por ejemplo las iniciativas de
gestión ambiental sostenible de bosques y de otros ecosistemas clave como
los humedales; la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes nuevas
y renovables de energía; la transformación de los sistemas de transporte;
la innovación científica y tecnológica; sólo pueden ser sustentables si
están implementadas de manera social y ambientalmente responsable;
respetando todos los derechos consagrados de los pueblos y comunidades.
Cambio climático
60. Manifestar nuestra preocupación por el ritmo al que avanza el
calentamiento global y subrayamos que es preciso sumar esfuerzos en apoyo
de las iniciativas de nuestros países para enfrentar de manera conjunta la
amenaza que representa el cambio climático. En ese sentido, enfatizamos
nuestro compromiso con la plena, eficaz y sostenida implementación de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del
Protocolo de Kioto en un esfuerzo global con base en el principio de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas, las respectivas capacidades
nacionales y las legítimas aspiraciones de los países en desarrollo.
61. Promover en el ámbito de la Conferencia de las Partes del Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y a la luz de éste,
un mecanismo financiero predecible, transparente y eficaz, que asegure la
adecuada provisión de flujos financieros internacionales nuevos,
adicionales y suficientes, para apoyar los esfuerzos de mitigación y
adaptación de nuestros países conforme a la Convención sobre Cambio
Climático.
62. Subrayar la necesidad de que los países desarrollados cumplan sus
compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático en materia de financiamiento, acceso y transferencia de
tecnología y creación de capacidades suficientes en los países en
desarrollo particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático,
especialmente los países menos desarrollados y los pequeños estados
insulares y países costeros en desarrollo con tierras bajas, para
brindarles cooperación en la mitigación y adaptación, sin
condicionalidades.
63. Manifestar nuestro beneplácito por el hecho de que nuestra región
será sede de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes en la Convención
Marco (COP 16) y la Sexta Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto
(CMP 6), y expresamos nuestro respaldo a México a fin de que, mediante un
proceso de negociación transparente e incluyente, sea posible alcanzar en
la Conferencia un acuerdo amplio, ambicioso y eficaz que responda a las
necesidades de nuestra región y resulte en un fortalecimiento del régimen
internacional establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre cambio climático y el Protocolo de Kioto, y en beneficio de la
humanidad en su conjunto. Coincidimos en que es necesario que los
resultados de la COP 16 tengan un carácter jurídicamente vinculante como
un paso decisivo en la lucha contra el cambio climático.
Desastres Naturales
64. Destacar la urgencia de concretar y desarrollar los diversos
compromisos y mandatos asumidos por los gobiernos de América Latina y el
Caribe en materia de desastres naturales, en especial el establecimiento
de un mecanismo que permita dar una respuesta regional rápida, adecuada y
coordinada a los mismos, a solicitud del Estado concernido y articulada
con éste. A este efecto, subrayar el papel articulador de los organismos e
instancias regionales competentes en ese ámbito.
65. Subrayar la relación intrínseca entre la reducción de desastres, el
desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza entre otros, y
reconocemos por ello la necesidad de fortalecer la capacidad de
prevención, mitigación, respuesta y atención de las víctimas de los
desastres a través de la adopción de políticas apropiadas y el incremento
de la cooperación internacional para fortalecer y potenciar las
capacidades nacionales. Reconocemos del mismo modo la importancia de la
Declaración y el Marco de Acción de Hyogo, el Plan de Acción de Barbados,
el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible y la Declaración
de Florianópolis de la II Reunión Regional de Mecanismos Internacionales
de Asistencia Humanitaria, para los países que son parte del mismo, al
tratar la problemática de los desastres.
66. Asegurar la coordinación necesaria entre los mecanismos de
prevención, reducción de riesgos, mitigación y respuesta a los desastres
naturales, en los niveles nacional, regional y global, en los esfuerzos
para el cumplimiento de los objetivos de reducción del riesgo de desastres
naturales. Nos proponemos incorporar la temática de reducción de riesgos a
causa de desastres naturales en las políticas y procesos de planificación
y aumentar la capacidad de resistencia a nivel comunitario, local,
nacional y regional mediante la investigación, la ampliación de mecanismos
para compartir el costo de la prevención de riesgos y el intercambio de
datos e información, entre otros.
67. Fortalecer las iniciativas regionales de asistencia humanitaria y
promoveremos el establecimiento de protocolos de ayuda mutua u otros
dispositivos simplificados de respuesta ante desastres naturales.
68. Instruir a los organismos e instancias con experiencia en esos
rubros con que cuenta América Latina y el Caribe: la Agencia Caribeña de
Manejo a Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA), el Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC), el Comité Andino para la Prevención y Asistencia de
Desastres (CAPRADE) y la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de
Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la
Asistencia Humanitaria del MERCOSUR (REHU), a definir las sinergias entre
ellos y a poner en práctica de manera urgente un esquema de coordinación y
cooperación de alcance regional que permita optimizar los recursos e
incrementar nuestra capacidad y eficiencia para preparar a nuestras
poblaciones y responder en casos de desastres naturales.
69. Promover medidas para la educación y la capacitación en materia de
protección ambiental con miras a generar una conciencia colectiva y en
consecuencia mitigar los efectos de los desastres naturales provocados por
el hombre.
70. Constituir un Grupo de Trabajo de conformación abierta para avanzar
en la implementación de esos objetivos.
Derechos Humanos
71. Afirmar el principio de que todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes
e interrelacionados y que, en consecuencia, debe prestarse igual y
decidida atención a la aplicación, promoción y protección tanto de los
derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y
culturales, incluido el derecho al desarrollo.
72. Fomentar y fortalecer la cooperación internacional para la
promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los instrumentos jurídicos internacionales tanto de derechos
humanos como de derecho internacional humanitario.
73. Reforzar la incorporación del enfoque de género en el diseño y
ejecución de nuestras políticas, en las tareas estratégicas para el
desarrollo económico-social y en el fortalecimiento de la democracia.
74. Fomentar el intercambio sobre experiencias nacionales en la
preparación y presentación de informes ante el Mecanismo de Examen
Periódico Universal (UPR) como un instrumento eficaz para la consideración
y promoción de los derechos humanos en todos los países en condiciones de
igualdad, según los compromisos de cada país. Trabajaremos por preservar
la integridad, la objetividad y el equilibrio de este mecanismo.
75. Dar renovado impulso a la educación en materia de derechos humanos.
Promoveremos políticas de educación inclusiva y de calidad al alcance de
todos, con plena adhesión a valores como la tolerancia, la solidaridad y
la equidad, a la promoción del enfoque de género y al respeto a la
diversidad y a la identidad cultural de nuestros pueblos.
76. Promover el reconocimiento y la realización de los derechos de
tercera generación o de solidaridad, en particular el derecho al
desarrollo, así como el tratamiento de la temática de los derechos de los
adultos mayores.
Asuntos de Seguridad
77. Estimamos indispensable reforzar la capacidad de iniciativa de los
Estados de América Latina y el Caribe en apoyo del sistema multilateral
para la paz, la seguridad y el desarrollo basado en el estricto
cumplimiento del derecho internacional y el apego a los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas.
78. Considerar que las nuevas amenazas a la seguridad, tales como el
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, el problema mundial de
las drogas y los delitos conexos, el crimen transnacional organizado, el
tráfico ilícito de armas, la delincuencia común que afecta la seguridad
ciudadana, las amenazas a la salud pública internacional, en particular el
VIH/SIDA y el H1N1, los desastres naturales, el tránsito de desechos
tóxicos y de material radiactivo por nuestras aguas, entre otras, y en
especial sus efectos en América Latina y el Caribe, deben ser enfrentadas
integralmente mediante una cooperación internacional eficaz, articulada y
solidaria, a través de las organizaciones e instancias competentes y
basada en el respeto a la soberanía de los Estados, a la legislación
interna de cada país y al derecho internacional.
79. Con el propósito de profundizar las acciones en favor del
desarrollo socioeconómico con democracia, justicia e independencia,
consideramos necesario afirmar el concepto de que la seguridad de nuestra
región debe atender tanto a los aspectos de la paz y la estabilidad, como
los que atañen a la vulnerabilidad política, económica y financiera,
conforme al derecho internacional. En este sentido, reiteramos el
compromiso de la región para concertar acciones para:
• Estimular iniciativas en favor del desarme y la seguridad
internacionales.
• Alentar la confianza recíproca y promover la
solución pacífica de los problemas y conflictos que afectan a la
región.
• Contribuir, a través de la cooperación y la consulta, a la
defensa, fortalecimiento y consolidación de las instituciones
democráticas.
• Impulsar y ampliar el diálogo político con otros
Estados y grupos de Estados, dentro y fuera de la región.
• Concertar
posiciones con el propósito de fortalecer el multilateralismo y la
democratización en la adopción de las decisiones internacionales.
•
Continuar el establecimiento de zonas de paz y cooperación en nuestra
región.
• Fomentar los procesos de integración y cooperación para el
desarrollo con miras a fortalecer la autonomía de la región.
•
Emprender una lucha activa y coordinada para erradicar la pobreza, el
hambre, la marginación, el analfabetismo y la insalubridad.
• Reforzar
la cooperación contra el narcotráfico, así como contra el terrorismo.
80. La paz en nuestra región está profundamente ligada al respeto a los
principios de la libre determinación de los pueblos, la no intervención en
los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de las
controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza, la
igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el
desarrollo.
Problema Mundial de las Drogas
81. Reafirmar el compromiso de nuestros países en la lucha contra el
problema mundial de las drogas, con un enfoque integral y equilibrado
basado en la vigencia del principio de responsabilidad compartida, en
virtud de lo cual resaltamos la importancia de la cooperación
internacional con respeto a la soberanía de cada Estado.
82. Ratificar nuestro firme compromiso de continuar las acciones contra
el consumo, la producción, el tráfico y la distribución ilícitos de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos. Estamos
convencidos de que esa lucha, que debe ser parte de una solución integral
donde estén contemplados los aspectos sociales y económicos relacionados
con este flagelo, contribuirá al desarrollo social y humano de nuestras
sociedades y al cumplimiento de los compromisos mutuos.
Terrorismo
83. Rechazar enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones y reafirmaron que cualquiera sea su origen o motivación no
tiene justificación alguna. Reiteraron asimismo, su compromiso de
prevenir, combatir y eliminar el terrorismo y su financiación mediante la
más amplia cooperación y con pleno respeto a las obligaciones impuestas
por el derecho interno y el derecho internacional, en particular de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Cooperación Sur – Sur
84. Destacar la importancia de la cooperación Sur-Sur, inspirada en el
espíritu de solidaridad, sin sustituir o reemplazar las fuentes
tradicionales de cooperación al desarrollo.
85. Impulsar las iniciativas de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur para la
promoción del desarrollo sostenible y continuaremos fomentando la
cooperación triangular dentro del sistema multilateral.
86. Hacer un llamado a la comunidad internacional de continuar
brindando cooperación para apoyar los esfuerzos de desarrollo de los
países de renta media, tal como fuera acordado en el Consenso de El
Salvador sobre Cooperación para el Desarrollo con Países de Renta Media.
En este marco, reiteramos la importancia de promover la implementación
oportuna de las resoluciones de Naciones Unidas, así como ejecutar
acciones para concretar dicha cooperación.
Finalmente,
87. Incorporar el Plan de Acción de Montego Bay como documento anexo de
la presente Declaración, con objeto de profundizar en el cumplimiento de
la agenda latinoamericana y caribeña.
88. Las Jefas y los Jefes de
Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe expresaron su
agradecimiento al Presidente de México por la iniciativa de celebrar la
Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en la Riviera Maya,
México, los días 22 y 23 de febrero de 2010, y manifestaron su gratitud al
gobierno y al pueblo mexicanos por la cálida acogida y hospitalidad que
facilitaron el resultado exitoso de la Cumbre.
Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010
